La Junta aprueba un plan con 86 millones de euros para las dehesas andaluzas

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Plan director DehesasEl Consejo de Gobierno ha aprobado el Plan Director de las Dehesas de Andalucía, que prevé hasta 2021 una inversión inicial de más de 86 millones de euros del Programa de Desarrollo Rural (PDR), su principal fuente de financiación. Su objetivo es asegurar la viabilidad económica y ambiental de este sistema único en Europa de gestión sostenible de los recursos agroganaderos y forestales, que en Andalucía ocupa 1,2 millones de hectáreas. Esta nueva planificación beneficiará a más de 14.000 explotaciones de dehesa, en su mayoría de ganadería extensiva, con más de dos millones de cabezas de ovino, 400.000 de bovino, medio millón de caprino y más de 400.000 de porcino ibérico.

El documento, elaborado con la participación de las organizaciones representativas del sector y con los informes preceptivos de la Comisión Andaluza para la Dehesa, tendrá una vigencia de 20 años y revisiones cada cinco. Incluye 17 líneas estratégicas para mejorar la rentabilidad de las producciones; hacer frente a sus principales amenazas (el decaimiento del arbolado y la crisis de los mercados ganaderos, entre otros), y potenciar el valor ambiental, social y cultural de las zonas con dehesas. Asimismo, contribuirá a impulsar la cohesión territorial y la diversificación económica en los casi cien municipios andaluces que tienen una presencia destacada de dehesas.

Entre las medidas previstas destacan las destinadas a la renovación del arbolado, con una previsión presupuestaria de más de 27 millones de euros, y del suelo (casi 19 millones), así como las dirigidas a la mejora de las producciones ligadas a la dehesa (7,5) y de las industrias de transformación de sus productos (5,8). Se consignan también 4,3 millones de euros para la diversificación de aprovechamientos y actividades económicas; 3,7 para planificación integral; 3,6 para la conservación de la biodiversidad, y 2,4 para la mejora de servicios básicos, infraestructuras y equipamientos.

Por otra parte, el documento incluye las directrices para los planes de gestión integral, que serán desarrollados voluntariamente por los titulares de las explotaciones y cuya realización se considera criterio prioritario en el acceso a las ayudas públicas, tanto agrarias como ambientales.