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AAEF SOLICITA A JIMENEZ BARRIOS QUE LA JUNTA EXCLUYA A TRAGSA DE LAS ENCOMIENDAS DE GESTIÓN

La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) ha denunciado, ante el vicepresidente del Gobierno andaluz, Manuel Jiménez Barrios, el alarmante aumento en nuestra región de la actividad de la empresa pública estatal TRAGSA. La patronal forestal ha remitido una carta a Jiménez Barrios para ponerle en conocimiento el daño que el uso excesivo del sistema de encomiendas de gestión está haciendo al tejido empresarial forestal andaluz. AAEF quiere poner de relieve la falta de sensibilidad que supone, por parte de las diferentes administraciones públicas que, pese a las serias dificultades que padecen las empresas andaluzas, prefieran sostener la estructura financiera de la empresa estatal Tragsa en lugar de poner estos proyectos a licitación pública, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas. Esto, además, favorecería el fortalecimiento de un tejido empresarial en nuestras zonas rurales y la generación de nuevo empleo en nuestra región.

 

En la misiva, la patronal forestal recuerda al vicepresidente que la Junta de Andalucía sólo cuenta con una acción, que representa una participación en el capital social de esta entidad del 0,0033%, en la que, además, no tiene capacidad de decisión en la política empresarial de esa empresa estatal perteneciente al Grupo SEPI. Por ello, solicita que no sea considerada medio propio de la Junta de Andalucía y espera que, para el próximo ejercicio, esta empresa pública quede excluida de las adjudicaciones directas a través de encomiendas de gestión y, llegado el caso, compita en igualdad de condiciones con el sector privado.

 

La Organización ha podido comprobar que, en estos últimos dos años, Tragsa está siendo beneficiada con un gran número de proyectos y obras de carácter medioambiental, a través del sistema de encomiendas de gestión, en un uso abusivo de esta figura que pone en franca desventaja a las empresas privadas, a las que se les impide competir en igualdad de condiciones. Así, obras que tradicionalmente ejecutaban empresas privadas andaluzas, como los cortafuegos, han sido adjudicadas de forma directa, en 2014 y 2015, a esta empresa pública, más por una necesidad de solventar sus problemas financieros y laborales que por la gestión que hacen de estos trabajos, donde el sector privado es mucho más eficiente y competitivo, además de estar sujeto a controles financieros mucho más estrictos. Por eso, tal y como están haciendo muchas otras patronales, tanto regionales como estatales, esta Organización reivindica la libre competencia para la adjudicación de contratos en el sector forestal y medioambiental, evitando la posición de dominio que están teniendo las empresas públicas.

 

La patronal forestal quiere recordar la drástica reducción en la licitación pública en nuestro sector durante los últimos cinco años, donde se ha pasado de una inversión 120 millones en 2009, a la nula inversión en licitaciones en los ejercicios 2014 y 2015, años en los que únicamente se han adjudicado obras y servicios de manera directa a empresas y agencias públicas como Tragsa. Esta falta de inversión en el sector ha llevado a casi un 30% de sus empresas asociadas a verse obligadas al concurso de acreedores o a la desaparición de las mismas. Mientras, se ha dado la paradoja de que Tragsa ha subcontratado con el sector privado muchos de los trabajos que le fueron encomendados de manera directa ante la falta de capacidad de la empresa pública para ejecutarlos, una subcontratación realizada a un precio muy inferior al que resultó adjudicataria.

 

AAEF advierte, además, de que el uso desmedido de la adjudicación directa, sin concurrencia competitiva y, por tanto sin las bajas que se producen en toda licitación a la que acuden varias empresas, supone que, cada año, el gobierno andaluz pierda más de 60 millones, cantidad que se hubiera obtenido con las bajas que se habrían producido en estas obras si hubieran salido a pública licitación, pudiéndose generar nuevos proyectos y, en definitiva, nuevos empleos en las zonas rurales.

 

Por todo ello, se está iniciando un movimiento a nivel nacional en el que las patronales del sector están analizando las acciones que a nivel europeo se puedan realizar por prácticas de Tragsa contrarias a la libre competencia, llegando incluso a formularse una reclamación contra el Estado español ante el Tribunal de Justicia de la Unión Europea por competencia abusiva de la empresa pública TRAGSA en el sector medioambiental.