La Asociación de Empresas Forestales y Paisajísticas de Andalucía (AAEF) quiere denunciar el alarmante aumento en nuestra región de la actividad de la empresa pública estatal Tragsa. Esta Organización ha podido comprobar que, en estos últimos meses, esta empresa integrada en el Grupo SEPI adscrita al Ministerio de Agricultura está siendo beneficiada con un gran número de proyectos y obras de carácter medioambiental financiadas con fondos europeos que escapan al control de los órganos fiscalizadores de estas inversiones. Estos proyectos deberían ser ejecutados por las empresas andaluzas del sector, más eficientes y sujetas a todos los controles administrativos, lo que supone una evidente competencia desleal de la empresa pública, que está llevando a la desaparición de las empresas tradicionales del sector medioambiental en Andalucía.
Tras la reciente anulación judicial del expediente de regulación de empleo de Tragsa, diferentes administraciones públicas están encomendando de manera directa a esta compañía importantes cantidades de fondos para el desarrollo de proyectos, bajo la excusa de la falta de plazo por la finalización del marco europeo. En realidad, AAEF entiende que se está tratando de sustentar económicamente a esta compañía en lugar de favorecer la conservación del medio natural a través de la eficiencia de los trabajos que se van a ejecutar.
En este sentido, proyectos tales como el parque periurbano de la localidad sevillana de Tomares, con una adjudicación directa cercana a los tres millones de euros; o la encomienda de 17 millones de euros para la ejecución de caminos rurales e infraestructuras contra incendios; o los encargos de proyectos de jardinería en diferentes provincias de la región, se están adjudicando sin sujeción a las más elementales normas de mercado, donde se debe primar la oferta económicamente más ventajosa. La patronal quiere manifestar que con el sistema de encomienda de gestión empleado para la adjudicación directa de estos trabajos a Tragsa se produce un “escape del derecho administrativo” y un evidente sobrecoste en la ejecución en trabajos que tradicionalmente han venido ejecutando empresas privadas del sector, sometidas a un estricto control administrativo.
Finalmente, la patronal forestal quiere poner de relieve la falta de sensibilidad por parte de las diferentes administraciones públicas que, haciendo caso omiso a las serias dificultades que están padeciendo las empresas andaluzas, prefieren sostener la estructura financiera de Tragsa en lugar de poner estos proyectos en la calle, permitiendo el acceso a ellos a un alto número de empresas andaluzas, lo que favorecería el fortalecimiento de un tejido empresarial en nuestras zonas rurales y la generación de nuevo empleo en nuestra región.
